La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para decidir el futuro del voto por correo en las elecciones de medio término de noviembre, en medio de una batalla legal por una orden ejecutiva de la Casa Blanca sobre el voto por correo. La medida del gobierno federal busca reestructurar los procedimientos de verificación del Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés), con dos exigencias clave relacionadas con la entrega obligatoria de padrones electorales y los sobres con códigos de barras.Voto por correo: disputa judicial por las listas de votantes y código de barrasEl fin de semana pasado, el gobierno del presidente Donald Trump presentó una apelación ante el máximo tribunal para solicitar que revoque el fallo de un tribunal inferior que impide la implementación del plan para las elecciones del 3 de noviembre, según informó Los Angeles Times.El plan en disputa, originado en una orden ejecutiva firmada en marzo por Trump y formalizado por el USPS el pasado 21 de agosto, impone dos requisitos fundamentales a las autoridades electorales estatales:Entrega obligatoria de padrones electorales: exige a todos los estados enviar sus listas completas de votantes registrados directamente al Servicio Postal.Sobres con códigos de barras e instrucción de descarte: obliga a adoptar nuevos sobres de votación con códigos individualizados diseñados por el USPS. También ordena al organismo postal rechazar automáticamente cualquier boleta por correo que no coincida con los padrones.Adicionalmente, la orden ejecutiva encomendó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la elaboración de una lista propia de ciudadanos elegibles para cotejarla con los registros estatales.Trump dice que los cambios al voto por correo son para combatir el fraude La administración Trump argumenta que los cambios son necesarios para prevenir el fraude electoral generalizado. Concretamente, el gobierno federal asegura que es frecuente que personas que no son ciudadanos estadounidenses voten en elecciones federales.La aplicación de la medida fue bloqueada en primera instancia por la jueza de distrito Indira Talwani, quien emitió una medida cautelar preliminar que ordenaba al USPS cesar todo trabajo en la implementación del sistema.Tras el fallo de la jueza, el gobierno federal eludió el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y recurrió de emergencia directamente a la Corte Suprema. El procurador general D. John Sauer sostuvo que la regla se limita a fijar “requisitos de preparación razonables” sin arrebatar a los estados la administración de las elecciones.Si bien se aguarda un pronunciamiento acelerado de la Corte Suprema que determinará si el voto por correo continuará bajo los esquemas estatales vigentes o si las nuevas exigencias federales comenzarán a regir de inmediato, no está claro cuándo los magistrados emitirán su decisión.La oposición de California y otros estados al plan sobre el voto por correoEl miércoles pasado, luego de la presentación de la apelación, una coalición de 24 estados encabezada por California y el Distrito de Columbia, junto con organizaciones independientes de derechos civiles, solicitó a la Corte Suprema mantener la suspensión, según Los Angeles Times.La promesa de Trump si los republicanos ganan las elecciones de medio término“En algunos estados, el cumplimiento de la normativa del USPS sería imposible antes de las elecciones de mitad de mandato, lo que significa que millones de votantes no podrían votar por correo y algunos ni siquiera podrían votar”, escribieron los demandantes.En esa línea, remarcaron que habilitar esta medida llevará a problemas en la organización de las elecciones de medio término: “En los estados restantes, reinaría el caos y existiría un riesgo significativo de que a millones de votantes más se les negara el derecho al sufragio”.Más allá de la cuestión logística, el principal argumento de fondo de los estados es que ni el presidente ni el USPS poseen atribuciones constitucionales para regular elecciones organizadas por los estados. Asimismo, funcionarios electorales de estados con gobiernos republicanos como Utah, Florida, Ohio y Texas expresaron reparos sobre el impacto que podría tener la medida.Rick Hasen, director del Proyecto para la Protección de la Democracia en la Facultad de Derecho de UCLA, se unió a otros tres expertos electorales para remarcar que la administración Trump “no había presentado ninguna prueba” ante el tribunal de que las nuevas normas “detendrían una cantidad apreciable de fraude electoral”.